El pueblo ecuatoriano no tolerará la transgresión a su voluntad ni la limitación a sus derechos y libertades fundamentales.
En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las comunidades en resistencia en las localidades de Palo Quemado y Las Palmas, en la provincia de Cotopaxi. Estas comunidades no solo enfrentan la ausencia y falta de atención por parte del estado, por el contrario, cuando este se hace presente instala el terror. La represión y la violencia ejercidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contradicen su deber de proteger y fortalecer un Estado de derecho, en su lugar se custodia intereses extranjeros.
La Corte Constitucional exige la elaboración de una ley orgánica que regule la consulta previa, libre e informada de acuerdo con los estándares internacionales, así como garantizar principios de buena fé, temporalidad y acceso a la información adecuada. Esta tarea recae en la Asamblea Nacional, donde la participación y el debate amplio con todos los sectores de la sociedad son esenciales. Sin embargo, el Acuerdo Ministerial Nro. MEM-2024-0002-AM, qué busca regular dicha consulta, es inconstitucional y está generando conflictos sociales, por lo cual es causal de juicio político inmediato.
Además, la constante tendencia de los gobiernos a transgredir el debido proceso y las garantías constitucionales coloca al Ecuador en repetidas ocasiones en una posición de violador de derechos humanos ante cortes internacionales. Es inadmisible que se pretenda forzar la ley y la Constitución para facilitar la entrada agresiva de proyectos extractivos en territorios que se oponen y manifiestan su constitucional derecho a la resistencia, agravado por las recientes declaraciones de criminalización de pobladores defensores de sus territorios por parte del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El impacto de la exacerbada represión contra los habitantes de Palo Quemado y Las Palmas, así como de otras comunidades, no puede pasarse por alto. Exigimos un país de paz donde la seguridad jurídica esté garantizada en primer lugar para los ecuatorianos, y no solo para ciertos intereses privados.
