PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO NACIONAL
Somos un colectivo socioambiental que defiende el agua, la vida y los territorios del Chocó Andino de Pichincha. Como parte de las comunidades rurales y urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos inmediatos que podría generar el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, al poner en riesgo las fuentes de agua, los derechos colectivos y, por ende, los principios y garantías consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.
Actualmente, este proyecto de ley cuenta con informe favorable de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional para su primer debate. Ante ello, DENUNCIAMOS la parcialidad con la que se han incorporado las observaciones y señalamientos al proyecto, excluyendo de manera deliberada la voz de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los colectivos ecologistas.
Compartimos con la ciudadanía nuestras observaciones, las cuales fueron entregadas de manera oportuna y formal a la comisión competente. Asimismo, reiteramos a cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador su responsabilidad directa frente a sus mandantes respecto del tratamiento de esta ley, recordando que en 2025 la ciudadanía ratificó en las urnas el mandato de respetar la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce como prioritarios los derechos de los pueblos y comunidades, así como los derechos de la naturaleza.
Eliminación de la licencia ambiental y flexibilización del control ambiental.
El proyecto sustituye la licencia ambiental, que exige estudios de impacto ambiental integrales y procesos de participación ciudadana, por una simple autorización administrativa. Este cambio reduce los controles técnicos y sociales, permitiendo el avance de proyectos con evaluaciones limitadas y debilitando la capacidad del Estado para prevenir daños ambientales irreversibles.
En la práctica, esta reforma facilita la minería en zonas de recarga hídrica, bosques protectores y ecosistemas frágiles, poniendo en riesgo las fuentes de agua de las que dependen comunidades, ciudades y territorios enteros. Al reducir los controles, esta ley pone en riesgo el derecho humano al agua, priorizando intereses económicos sobre la protección de cuencas, páramos, ríos y acuíferos.
Vulneración de la consulta previa, libre e informada y de la voluntad popular.
Al unificar las fases de exploración minera y permitir la transición entre subetapas únicamente por el transcurso del tiempo, se reduce el control estatal y aumentan los riesgos de desastres ambientales. Además, esta ley restringe el derecho a ser consultadas de las comunidades de la zona de impacto y la posibilidad de que tomen decisiones informadas sobre su territorio en cada cambio de fase del proyecto minero.
Esta ley desconoce la voluntad popular ya expresada en distintos territorios del país, donde comunidades, ciudadanía y los máximos órganos de control constitucional han dicho NO a la minería en el Chocó Andino, Kimsacocha, Río Blanco, y Los Cedros, con un fallo judicial emblemático que reconoció los derechos de la naturaleza; y en Río Blanco, donde la decisión comunitaria frenó la actividad minera.
Clústeres mineros y uso de recursos públicos.
Los clústeres mineros son espacios geográficos destinados a consolidar la industria minera con infraestructura y servicios asociados como electricidad, carreteras, combustibles y logística para proyectos mineros privados. Toda esta infraestructura será financiada por el Estado mientras el país enfrenta déficits graves en salud, educación, crisis de seguridad y energía. La creación de estos espacios implica crear zonas de sacrificio, donde la vida y el ambiente sano pasan a segundo lugar, luego de los intereses económicos extractivistas.
Militarización de los territorios.
Para la consolidación de las zonas de sacrificio mineras, se crearán Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica que contarán con la presencia permanente de Fuerzas Armadas en territorios donde existan proyectos mineros, profundizando la violencia y la criminalización de defensores del territorio.
Esto contraría la prohibición constitucional de militarizar territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas e impone por la fuerza un modelo extractivista,
Solicitamos
Desde Quito Sin Minería exigimos el archivo de este proyecto de ley, el respeto efectivo al derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI) que hasta hoy carece de una ley que lo regule de forma eficaz y acorde con la Constitución. La realización de estudios de impacto ambiental rigurosos e independientes y la protección real de las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica y los derechos de la naturaleza.
La Asamblea Nacional mantiene una deuda pendiente: el debate y aprobación de una Ley de Consulta Ambiental y de Consulta Previa, Libre e Informada, cuyo tratamiento se encuentra estancado desde 2019. Estas normas deben construirse de manera participativa, junto a la sociedad civil, los pueblos y nacionalidades indígenas, las comunidades campesinas y urbanas que se verán afectadas por el impacto de la minería, y no imponerse mediante una ley apresurada y de espaldas al pueblo.
El Ecuador ya ha dicho NO a la minería en los territorios, en las urnas y en los tribunales.
El agua vale más que el oro. La vida no se negocia.
